Claudio Grossman renuncia como asesor de la Corte Penal Internacional por desacuerdos en la investigación sobre Venezuela

Claudio Grossman, abogado chileno especializado en derechos humanos y asesor especial del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), presentó su renuncia a raíz de su inconformidad con el ritmo lento de la investigación sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro. La noticia fue reportada este viernes por la agencia AP, tras obtener acceso a un correo electrónico enviado por Grossman en noviembre al fiscal de la CPI, Karim Khan.

En su mensaje, Grossman expresó su frustración ante la falta de medidas concretas contra los responsables de las graves violaciones denunciadas en el país sudamericano y rechazó la posibilidad de renovar su contrato. La CPI, por su parte, informó que el rol de Grossman había concluido «de conformidad con su contrato preexistente».

“El fiscal está sumamente agradecido con el profesor Grossman por la experiencia y el trabajo que ha prestado”, señaló la CPI en un comunicado oficial.

Un experto con amplia trayectoria

Grossman, nacido en Chile, es un reconocido abogado y exdocente de la Facultad de Derecho de la American University en Washington. Fue nombrado asesor especial de Karim Khan en octubre de 2021 como parte de un equipo de expertos voluntarios cuyo objetivo era fortalecer áreas clave identificadas por el fiscal. Su renuncia marca un momento crítico en el caso venezolano, que ha estado en el centro del escrutinio internacional debido a las acusaciones de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el gobierno de Maduro.

La investigación sobre Venezuela: avances limitados y críticas crecientes

La CPI inició formalmente una investigación sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela en noviembre de 2021. Esta decisión se basó en denuncias de crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2014, que incluyen represión violenta contra manifestantes, torturas y detenciones arbitrarias. Sin embargo, a pesar de los avances iniciales, el proceso ha sido criticado por su lentitud.

En un reciente discurso, Karim Khan defendió el trabajo de la CPI, argumentando que el caso venezolano ha sido tratado con “concentración y sin demora”. Khan aseguró que ha insistido ante las autoridades venezolanas sobre la necesidad de progreso real en las investigaciones locales. Durante una visita a Caracas en abril de este año, subrayó la importancia de la cooperación por parte del gobierno de Maduro, que en 2021 llegó a un acuerdo con la CPI para facilitar el trabajo de la corte.

A pesar de estos esfuerzos, organizaciones defensoras de derechos humanos y figuras como Grossman consideran insuficientes las acciones tomadas hasta ahora. En su correo, Grossman dejó claro que no podía justificar la falta de medidas serias contra los autores de violaciones graves, lo que lo llevó a tomar la decisión de abandonar su rol como asesor.

Acusaciones de conflictos de interés y desafíos para el fiscal

La renuncia de Grossman ocurre en un contexto de creciente presión sobre Karim Khan. A principios de noviembre, la Fundación Arcadia, una ONG con sede en Washington, solicitó la recusación de Khan de la investigación sobre Venezuela, alegando un supuesto conflicto de interés debido a la relación de una integrante del equipo de abogados del gobierno de Maduro con la familia del fiscal.

Aunque Khan negó estas acusaciones, presentó una solicitud a la Cámara de Apelaciones de la CPI para que desestimara la recusación. Sin embargo, las críticas hacia su gestión no se limitan al caso venezolano; el fiscal también enfrenta acusaciones de conducta sexual inapropiada con una asistente, señalamientos que él ha rechazado categóricamente.

Contexto político en Venezuela

Mientras tanto, Nicolás Maduro se prepara para iniciar un tercer mandato presidencial el próximo 10 de enero, tras unas elecciones fuertemente cuestionadas por la falta de transparencia y las denuncias de fraude. Organizaciones internacionales han señalado el cierre del espacio cívico, la represión contra opositores y el uso de detenciones arbitrarias como tácticas del gobierno para mantener el control político.

El gobierno de Maduro ha rechazado consistentemente las acusaciones de fraude y crímenes de lesa humanidad, argumentando que las personas detenidas tras las protestas son «criminales y terroristas». A pesar de estas defensas, la presión internacional para que la CPI avance en el caso continúa intensificándose.

El Estatuto de Roma y la jurisdicción de la CPI

Venezuela ratificó el Estatuto de Roma en el año 2000, lo que otorga jurisdicción a la CPI para investigar crímenes graves como genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cuando las autoridades locales no pueden o no quieren llevar a cabo investigaciones efectivas.

En este caso, la CPI ha señalado que existe evidencia suficiente para proceder con una investigación formal. No obstante, el progreso ha sido lento, lo que ha generado frustración entre las víctimas y los defensores de derechos humanos que buscan justicia.

Un llamado a la acción más contundente

La salida de Grossman refleja una creciente impaciencia dentro y fuera de la CPI con respecto al manejo del caso venezolano. Su renuncia pone de relieve los desafíos que enfrenta la corte en su intento de abordar violaciones a gran escala en contextos políticamente complejos.

En un momento en que las instituciones internacionales son criticadas por su falta de efectividad, la renuncia de Grossman envía un mensaje claro sobre la necesidad de acciones más rápidas y decisivas en la búsqueda de justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela.

Mientras tanto, el futuro de la investigación de la CPI sobre Venezuela sigue siendo incierto, al igual que el destino de quienes buscan rendición de cuentas por los abusos cometidos en el país. La renuncia de una figura tan prominente como Claudio Grossman subraya la urgencia de abordar estos desafíos con mayor determinación y transparencia.