Críticas a la decisión de Javier Milei de extender el Presupuesto 2023 hasta 2025

Críticas a la decisión de Javier Milei de extender el Presupuesto 2023 hasta 2025
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El presidente de Argentina, Javier Milei, ha generado controversia al extender nuevamente por decreto el Presupuesto 2023, lo que implica que el país continuará sin una ley de presupuesto sancionada por el Congreso durante 2025. La decisión fue duramente criticada por Germán Martínez, jefe del Bloque de Diputados Nacionales de Unión por la Patria, quien acusó al mandatario de buscar un manejo arbitrario de las finanzas públicas.

En un mensaje difundido en la red social X, Martínez expresó: «Milei nunca quiere tener ley de presupuesto. Quiere tener una arbitrariedad total en el manejo de las finanzas públicas. Por eso hoy extiende por decreto el presupuesto 2023 hasta 2025, un hecho que ya se había dado en 2024».

Dos años sin ley de presupuesto

El legislador santafesino calificó la situación como inédita en la historia económica reciente del país: «Llevamos dos años consecutivos sin una ley de presupuesto sancionada por el Congreso. Esto no es una cuestión de imposibilidad, sino de decisión política por parte del Ejecutivo».

Martínez recordó que la Ley de Administración Financiera N.º 24.156, sancionada en 1992, fue diseñada para garantizar que el Poder Ejecutivo gestionara las finanzas públicas bajo un marco normativo aprobado por el Congreso. Según explicó, el artículo 27 de dicha ley permite extender el presupuesto de un año anterior solo en situaciones excepcionales que impidan la aprobación de un nuevo presupuesto.

«No existe ninguna situación excepcional que justifique esta decisión. Milei no quiso tener ley, decidió no enviarla al Congreso y está forzando la interpretación del artículo 27 para mantener el presupuesto 2023 como base de la administración pública nacional», enfatizó el diputado.

Una práctica controvertida

El uso de decretos para prorrogar presupuestos anteriores ha sido objeto de debate en el pasado, pero la prolongación de esta práctica por dos años consecutivos bajo la administración de Milei ha despertado críticas tanto desde la oposición como desde sectores académicos y económicos. Según Martínez, esta decisión refleja un intento deliberado del Ejecutivo de evitar los controles legislativos que establece el proceso de sanción de una nueva ley de presupuesto.

«Cuando se redactó la Ley de Administración Financiera, el espíritu del legislador era asegurar que cada año se sancionara un presupuesto, detallando todos los aspectos necesarios para garantizar un manejo responsable de las finanzas públicas. Lo que estamos viendo ahora es un retroceso en ese espíritu fundamental», señaló Martínez.

Reacciones políticas

La decisión del presidente también ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y la planificación a largo plazo de las políticas económicas del gobierno. Desde Unión por la Patria, se argumenta que la falta de un presupuesto aprobado complica el control parlamentario sobre los gastos e ingresos del Estado, debilitando así la institucionalidad democrática.

Por su parte, el gobierno de Milei ha defendido esta medida argumentando que es necesaria para garantizar la continuidad administrativa mientras se implementan reformas económicas estructurales. Sin embargo, los críticos consideran que esta justificación carece de fundamento, dado que el Congreso sigue plenamente operativo y no existen impedimentos legales o logísticos para debatir y sancionar un nuevo presupuesto.

Un precedente preocupante

La ausencia de un presupuesto sancionado por el Congreso no solo representa un desafío para la gobernabilidad, sino que también deja al país sin una hoja de ruta clara para el manejo de las finanzas públicas. Según Martínez, esta situación pone en riesgo la estabilidad económica, ya que dificulta la rendición de cuentas y el seguimiento de los objetivos fiscales.

«Milei está optando por un camino de arbitrariedad y discrecionalidad en el manejo de las finanzas públicas. Esto no es una cuestión técnica, sino una decisión política que vulnera la institucionalidad y el equilibrio de poderes», concluyó el legislador.

A medida que se acerca 2025, el debate sobre la falta de un nuevo presupuesto seguirá siendo un tema central en la política argentina, marcando una profunda división entre el oficialismo y la oposición sobre el modelo de gobernanza económica que debe seguir el país.

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