El gobierno de Ecuador designa a Sariha Moya como vicepresidenta interina tras sanción a Verónica Abad

Este lunes, el gobierno de Ecuador anunció la designación de Sariha Moya como vicepresidenta interina, en reemplazo de Verónica Abad, quien fue suspendida de sus funciones por un periodo de 150 días. La decisión fue comunicada oficialmente por la Presidencia de la República, en cumplimiento del artículo 150 de la Constitución, que faculta al Ejecutivo a nombrar un reemplazo temporal en casos de ausencia o sanción de un alto funcionario.

La sanción de Abad coincide con los últimos meses de la administración actual, ya que el próximo gobierno se instalará tras las elecciones generales previstas para el próximo año. Durante este periodo, Moya asumirá las responsabilidades de la vicepresidencia hasta que finalice la suspensión, que cubrirá cinco meses.

Los motivos detrás de la sanción

Verónica Abad fue sancionada el pasado sábado por el Ministerio de Trabajo, que determinó que la funcionaria incurrió en una falta grave al abandonar de manera injustificada sus funciones. Según el comunicado oficial, la suspensión incluye días hábiles y fines de semana, y se aplicará sin goce de sueldo.

El caso que llevó a esta decisión se remonta al 1 de septiembre, cuando Abad no cumplió con la orden de trasladarse desde Israel, donde se encontraba como embajadora designada, hacia Turquía, país donde se le había asignado representar al gobierno ecuatoriano en el contexto de un conflicto regional. Abad alegó que el viaje no fue organizado de manera adecuada y que la situación implicaba dejar a sus hijos en Israel. Según la funcionaria, esto representó un atropello personal y familiar.

A pesar de sus justificaciones, las autoridades determinaron que su negativa a viajar constituía un incumplimiento de sus responsabilidades. Este episodio incrementó las tensiones entre Abad y el presidente Daniel Noboa, con quien mantiene una relación marcada por desacuerdos desde el inicio de su mandato.

Tensiones políticas y acusaciones en el gobierno

La relación entre Verónica Abad y Daniel Noboa nunca ha sido fluida. Desde antes de asumir el poder, ambos han protagonizado desencuentros públicos. Noboa, en varias ocasiones, ha señalado a Abad como una figura «desleal» dentro de su administración.

Esta situación se ha agravado con las recientes acciones legales emprendidas por Abad. La ahora suspendida vicepresidenta presentó una denuncia contra el presidente Noboa y tres altos funcionarios de su gobierno, incluyendo a la canciller Gabriela Sommerfeld, acusándolos de ejercer violencia política de género en su contra. Según Abad, estas acciones buscan deslegitimarla y obstaculizar su papel dentro del Ejecutivo.

La violencia política de género es considerada una infracción grave en la legislación ecuatoriana. Las sanciones por este tipo de actos incluyen multas, destitución y la suspensión de derechos políticos por un periodo de hasta cuatro años. Abad ha solicitado al tribunal competente que se investiguen estos actos y se tomen medidas al respecto.

Antecedentes de sanciones contra Abad

Esta no es la primera vez que Verónica Abad enfrenta medidas disciplinarias durante su tiempo en el gobierno. El pasado martes, el Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador impuso una multa de 8.500 dólares a la vicepresidenta por realizar campaña anticipada en 2023, cuando era candidata a la alcaldía de Cuenca, la tercera ciudad más importante del país.

Las sanciones acumuladas, junto con las tensiones políticas y legales, han generado un ambiente de inestabilidad alrededor de la figura de Abad. Estas circunstancias han llevado al gobierno a tomar medidas más drásticas, como la suspensión temporal de sus funciones y la designación de una vicepresidencia interina.

Implicaciones políticas de la designación de Sariha Moya

La llegada de Sariha Moya como vicepresidenta interina se produce en un momento clave para la política ecuatoriana. Con el horizonte marcado por las elecciones generales de 2024, el gobierno busca garantizar la continuidad y estabilidad en sus funciones.

La decisión de nombrar a Moya también coincide con la campaña electoral de Daniel Noboa, quien aspira a la reelección en los próximos comicios. Debido a las normativas ecuatorianas, Noboa deberá delegar parte de sus responsabilidades presidenciales mientras participa activamente en la campaña, lo que incrementa el peso político del rol de la vicepresidencia.

Abad, por su parte, ha señalado que estas decisiones tienen como objetivo evitar que ella asuma una mayor relevancia política durante el periodo electoral. Según sus declaraciones, la sanción busca «impedir la sucesión presidencial», en caso de que Noboa deba delegar temporalmente el cargo.

Un contexto de polarización política

La situación actual refleja las dinámicas de polarización política que atraviesa Ecuador. La coexistencia de diferentes visiones dentro del Ejecutivo, sumada a las denuncias de violencia política, pone de manifiesto los desafíos que enfrenta el país en términos de gobernabilidad y respeto a los derechos de los funcionarios públicos.

El caso de Verónica Abad también resalta la necesidad de revisar los mecanismos institucionales para resolver conflictos internos en el gobierno, así como para garantizar que las sanciones disciplinarias sean aplicadas de manera justa y proporcional.

Lo que sigue para el gobierno de Ecuador

Con la suspensión de Abad y la designación temporal de Sariha Moya, el gobierno ecuatoriano busca cerrar filas de cara al tramo final de su mandato. No obstante, las tensiones internas y las acusaciones legales podrían seguir marcando la agenda política en los próximos meses.

Mientras tanto, el tribunal que investiga la denuncia de Abad por violencia política de género deberá emitir una resolución en los próximos días. Este fallo podría tener implicaciones importantes tanto para la vicepresidenta suspendida como para los altos funcionarios señalados en su denuncia.

En un entorno político cada vez más complejo, el desenlace de este caso será clave para definir el rumbo del gobierno de Noboa y su capacidad para gestionar los desafíos internos y externos que enfrenta Ecuador.