El gobierno de Javier Milei amplía el rol de las Fuerzas Armadas en seguridad interior y redefine su alcance estratégico

El presidente de Argentina, Javier Milei, emitió dos decretos que modifican la reglamentación de la Ley de Defensa Nacional, ampliando significativamente el ámbito de actuación de las Fuerzas Armadas. Estas disposiciones permiten que las Fuerzas Armadas puedan ser convocadas para colaborar con la seguridad interior, marcando un cambio en la delimitación histórica entre defensa nacional y seguridad interna.

La Ley de Defensa Nacional, sancionada en 1988 durante el gobierno de Raúl Alfonsín, tras la restauración de la democracia, había establecido una clara separación entre las funciones de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad, limitando la intervención militar exclusivamente a la defensa ante agresiones externas. Durante los gobiernos posteriores, incluyendo las administraciones de Néstor Kirchner y Alberto Fernández, esta línea divisoria se mantuvo, aunque sufrió variaciones en sus enfoques. Sin embargo, las recientes modificaciones introducidas por Milei representan un giro hacia una mayor injerencia militar en asuntos internos.

Redefinición de agresiones externas y objetivos estratégicos

El primer decreto firmado por Milei, junto con los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri, redefine los «objetivos de valor estratégico», que ahora incluyen cualquier bien, instalación o infraestructura que, de ser dañada, pueda afectar gravemente la vida, el bienestar, la economía, el ambiente o la seguridad del país. Con esta nueva definición, el Poder Ejecutivo podrá determinar cuáles son estos objetivos estratégicos sin requerir la aprobación del Congreso, un cambio significativo respecto a la normativa anterior.

Además, el decreto establece la «cooperación interinstitucional», facultando al Ministerio de Seguridad para solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas en situaciones que el Poder Ejecutivo considere necesarias. Esto incluye actividades relacionadas con la vigilancia de fronteras, apoyo logístico, asistencia en emergencias y catástrofes naturales, y adiestramiento operacional.

El segundo decreto amplía aún más el ámbito de actuación de las Fuerzas Armadas, argumentando que «la evolución tecnológica y las nuevas formas de definir los conflictos» requieren una respuesta adaptada a los desafíos actuales. Entre las nuevas áreas de acción se incluyen el ciberespacio, el espectro electromagnético y el espacio exterior. Asimismo, se redefine el concepto de agresor externo, que ya no se limita a fuerzas armadas de otros Estados, sino que incluye organismos paraestatales, grupos terroristas, organizaciones transnacionales y cualquier forma de agresión que afecte los intereses vitales de la nación.

Reacciones y preocupaciones

Las nuevas disposiciones han generado preocupación entre organismos sociales y de derechos humanos, que consideran que estas medidas podrían abrir la puerta a una militarización de la seguridad interior. Manuel Trufó, director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), expresó que «es preocupante que se avance en una militarización de la seguridad cuando no hay una situación real que lo demande». Trufó señaló que el Gobierno ha utilizado términos vagos para justificar las amenazas de crimen organizado o terrorismo, lo que podría enmascarar un proyecto político más amplio.

Otro punto de controversia es la inclusión de infraestructura relacionada con actividades económicas en la categoría de «objetivos estratégicos». Esto ha generado inquietud en comunidades indígenas y sectores sociales que temen que estas disposiciones puedan ser utilizadas para reprimir manifestaciones, desalojos o protestas sociales. La administración de Milei ha sido crítica de los bloqueos como forma de protesta y ha caracterizado como «terroristas» a manifestantes y comunidades indígenas que defienden sus territorios.

Un cambio de paradigma en Defensa

El gobierno de Milei ha impulsado un cambio de paradigma en la política de defensa y seguridad, con una mayor inversión en el ámbito militar, el regreso de desfiles militares y la difusión de mensajes que exaltan el rol de las Fuerzas Armadas. En el Día de la Memoria, que conmemora a las víctimas de la última dictadura militar, se difundió un polémico video que generó críticas por su tono reivindicativo hacia las fuerzas militares.

Desde su cuenta en X (antiguo Twitter), el ministro de Defensa, Luis Petri, acompañado por Patricia Bullrich, defendió las medidas afirmando: «Defender lo estratégico es defender a los argentinos de bien: Donde hay recursos y futuro, no habrá lugar para mafias ni corruptos».

Un debate abierto

Las modificaciones a la Ley de Defensa Nacional han reabierto el debate sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la democracia argentina. Mientras el gobierno de Milei argumenta que estas medidas buscan proteger los «intereses vitales» del país frente a nuevas formas de conflicto, críticos advierten sobre los riesgos de desdibujar las líneas entre defensa y seguridad interior, un principio que fue clave en la transición democrática tras la dictadura militar de 1976-1983.

El impacto de estas medidas en la sociedad y en los derechos humanos será un tema central en los próximos meses, mientras Argentina enfrenta un contexto de cambios políticos y sociales profundos bajo la administración de Milei.