El OIJ inició la creación de una base de datos de delincuentes sexuales

El OIJ inició la creación de una base de datos de delincuentes sexuales
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Las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) han respondido a una propuesta de ley que pretende establecer un registro público de individuos condenados por delitos sexuales, trata de personas y turismo sexual. Este proyecto fue discutido por la Comisión de Seguridad y Narcóticos de la Asamblea Legislativa.

La iniciativa, presentada por la actual diputada independiente Gloria Navas, tiene como objetivo principal salvaguardar la seguridad y bienestar de niños, niñas y adolescentes, procurando prevenir el contacto de estas poblaciones vulnerables con individuos con historial de delitos sexuales, especialmente aquellos que involucran a personas jóvenes.

La propuesta se basa en la premisa de que, dada la naturaleza de los agresores sexuales, existe una alta probabilidad de reincidencia en este tipo de delitos. Por lo tanto, el registro propuesto serviría para emitir alertas preventivas a nivel nacional sobre la presencia de individuos con antecedentes de delitos sexuales.

Además, se plantea la inclusión inmediata del Poder Judicial, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Sistema de Emergencias 9-1-1, los municipios, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y otras instituciones públicas y privadas en este registro. Asimismo, se contempla la participación de entidades educativas y de salud, con el objetivo de fortalecer la protección de la población en general.

Rosa María Jiménez, líder de la sección especializada en Violencia de Género y Trata de Personas del OIJ, ha destacado la importancia de abordar esta problemática debido a la alarmante tasa de reincidencia en casos de abuso sexual, inclusive dentro del ámbito familiar. Jiménez subraya que muchos casos de reincidencia en delitos sexuales lamentablemente culminan en feminicidios.

Para prevenir estos delitos, el OIJ implementa planes y operativos internos que supervisan de manera periódica a individuos condenados por delitos similares. La creación de un registro permitiría al OIJ monitorear de forma más efectiva a los infractores, siguiendo prácticas comunes en otros países.

Óscar Valverde, director de la Fundación Paniamor, presente en la audiencia, señaló la importancia de definir claramente el proceso de supervisión de este registro público. Se plantea la necesidad de establecer un período mínimo de seguimiento, que podría variar de 5 a 15 años, pero se destaca que incluso después de este plazo, la evaluación del riesgo de un individuo no debería descartarse por completo.

En resumen, la propuesta de establecer un registro público de condenados por delitos sexuales en Costa Rica busca proteger a la población, especialmente a los grupos más vulnerables, de individuos con historial delictivo en este ámbito. Esta medida, de ser implementada correctamente, podría contribuir significativamente a la prevención de delitos y a la seguridad de la sociedad en su conjunto.

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