El TSE avanza en la resolución de denuncias de beligerancia política acumuladas desde 2019

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha presentado un resumen de más de 200 expedientes que permanecen pendientes de resolución por parte de su Sección Especializada en beligerancia política. Estos casos, que se han acumulado durante varios años, se vieron paralizados debido a una acción de inconstitucionalidad que mantuvo en suspenso a las autoridades encargadas de tratarlos, hasta que la Sala Constitucional concluyó su análisis.

Entre las denuncias pendientes se encuentran aquellas presentadas contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, por presunta beligerancia política. Estas acusaciones, que datan del año anterior, incluyen una presentada por el Partido de Liberación Nacional (PLN) y otra del Partido Acción Ciudadana (PAC). Miguel Guillén, secretario general del PLN, se dirigió al TSE para expresar su preocupación por el retraso en la resolución de estos casos, subrayando la importancia de un pronunciamiento oportuno en asuntos de esta naturaleza.

Rodrigo Chaves, por su parte, ha utilizado sus intervenciones públicas para criticar a los principales partidos de oposición, incluyendo al PLN, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el Frente Amplio y el Partido Liberal Progresista (PLP), insinuando supuestos actos de corrupción entre sus líderes. Esto ha generado tensiones políticas que, sumadas a las denuncias en curso, reflejan un panorama político polarizado de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Denuncias acumuladas desde 2019

Según Andréi Cambronero, titular de Letrados del TSE, los casos pendientes comenzaron a acumularse desde 2019. A lo largo de dos procesos electorales —las elecciones nacionales de 2022 y las municipales de 2024—, las denuncias continuaron llegando a la Sección Especializada del Tribunal sin que pudieran ser resueltas debido a la acción de inconstitucionalidad que bloqueó su avance.

Aunque la sección especializada siguió recibiendo denuncias durante este tiempo, no tuvo la capacidad de emitir resoluciones hasta mediados de este año, cuando la Sala Constitucional finalmente se pronunció sobre el caso. Inicialmente, los magistrados rechazaron la acción de inconstitucionalidad debido a defectos formales en su redacción, lo que obligó a los demandantes a replantearla. Meses después, tras un nuevo intento, la acción fue admitida y se resolvió, permitiendo que el TSE retomara sus funciones en esta materia.

Los activistas que presentaron la acción de inconstitucionalidad cuestionaron cuatro artículos del reglamento de la Sección Especializada del TSE, alegando que estas disposiciones contravenían la Constitución. Sin embargo, en la votación 2024-0023861, la Sala Constitucional concluyó que no existía inconstitucionalidad en dichas normas. Según los magistrados, el TSE tiene plena competencia para establecer regulaciones relacionadas con su función electoral, tal como lo establece el artículo 10 de la Constitución Política y el artículo 74 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

Competencia exclusiva del TSE

El magistrado instructor Jorge Araya fue enfático al señalar que la organización y regulación de los procesos electorales son competencias exclusivas del TSE. En su resolución, aclaró que las disposiciones adoptadas por el Tribunal Supremo de Elecciones en el ejercicio de su función electoral no pueden ser objeto de una acción constitucional.

«Se considera que la conformación y regulación de estos procesos es competencia exclusiva del TSE en el ejercicio de su función electoral. Según el artículo 10 de la Constitución y el artículo 74 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, no procede acción constitucional contra las disposiciones del TSE relativas al ejercicio de la función electoral», explicó Araya.

A pesar de la resolución de la Sala Constitucional, el texto completo de la sentencia aún está pendiente de publicación, lo que permitirá conocer en detalle los fundamentos de la decisión y los alcances de las reglas bajo las cuales operará la Sección Especializada del TSE en adelante.

Denuncias contra el presidente Chaves

Entre los expedientes pendientes, destacan las denuncias contra el presidente Rodrigo Chaves, presentadas por el PLN y el PAC por supuesta beligerancia política. Estas acusaciones han generado un amplio debate, ya que, de prosperar, el TSE deberá remitir el caso a la Asamblea Legislativa, que sería la encargada de determinar los pasos a seguir.

Las denuncias están relacionadas con declaraciones públicas de Chaves, en las que habría utilizado su posición para atacar a los partidos de oposición y sus dirigentes, atribuyéndoles actos de corrupción. Estas acciones podrían ser interpretadas como una violación de las normas que regulan la neutralidad política de los funcionarios públicos, especialmente en el contexto de procesos electorales.

El avance de estas gestiones será clave para definir el impacto político de las acusaciones contra el presidente y la posible reacción de los partidos involucrados, que han insistido en la necesidad de garantizar la imparcialidad y la transparencia en los procesos electorales.

Un panorama político tenso

El retraso en la resolución de los casos de beligerancia política ha acentuado las tensiones en el panorama político nacional. Con las elecciones presidenciales de 2026 en el horizonte, los partidos de oposición y el oficialismo mantienen un clima de confrontación que podría intensificarse a medida que avancen los procesos en el TSE.

La resolución de los expedientes acumulados desde 2019 no solo será determinante para definir posibles sanciones o medidas correctivas, sino también para sentar precedentes en la regulación de la conducta política de los actores públicos. En este contexto, el TSE enfrenta el desafío de garantizar que su actuación sea percibida como imparcial y apegada a la Constitución, en un momento en que la confianza en las instituciones es fundamental para la estabilidad democrática.

Por el momento, el TSE continúa trabajando en los expedientes acumulados y en la implementación de las disposiciones aclaradas por la Sala Constitucional. La publicación del fallo completo permitirá conocer con mayor detalle las implicaciones de la decisión y los pasos a seguir en los casos más relevantes, como las denuncias contra el presidente Chaves.

Este proceso marca un punto crítico para el sistema electoral costarricense, que deberá demostrar su capacidad para resolver conflictos políticos de manera justa y transparente, en un entorno donde la polarización y las acusaciones cruzadas parecen ser la norma.