Mañueco critica el modelo de financiación autonómica y advierte con acudir a los tribunales

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, expresó su descontento durante la Conferencia de Presidentes celebrada en Santander, advirtiendo que acudirá a la justicia si el modelo de financiación autonómica se fundamenta en «privilegios» y no en un sistema «justo y negociado entre todos». En sus declaraciones, también rechazó que el perdón de la deuda a determinadas comunidades autónomas sea el tema central, afirmando que «este no es el problema».

Mañueco, visiblemente molesto, calificó de decepcionante la reunión celebrada en el Palacio de la Magdalena, asegurando que sus expectativas de avances tangibles se vieron frustradas. «Esperábamos compromiso y lo que encontramos fue moderación. Queríamos soluciones para mejorar la sanidad, facilitar el acceso a la vivienda, abordar la inmigración ilegal y lograr una financiación autonómica equitativa, pero nos fuimos con las manos vacías. Sánchez solo firma acuerdos con sus socios separatistas, mientras a los demás solo nos da largas», afirmó.

El líder autonómico insistió en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prioriza sus pactos con fuerzas independentistas por encima de las necesidades del resto de las comunidades autónomas. Según Mañueco, la reunión careció de preparación previa y los temas abordados fueron tratados de manera superficial. «Sánchez únicamente busca anuncios llamativos que ya nadie cree, y que, además, nunca cumple», subrayó.

Críticas al perdón de la deuda

Uno de los puntos más controvertidos de la conferencia fue el tema de la condonación de la deuda a ciertas comunidades autónomas. Mañueco denunció que esta medida favorece a los «separatistas» y exige al resto de los españoles pagar los excesos de estas regiones. «No es justo que todos tengamos que financiar los despropósitos de quienes gastan en paquetes que no sirven para nada ni benefician a los ciudadanos», declaró.

El presidente de Castilla y León insistió en la necesidad de establecer un modelo de financiación equitativo que permita garantizar servicios públicos esenciales como la educación, la sanidad y los servicios sociales en igualdad de condiciones para todas las comunidades autónomas. «Lo que define a Castilla y León es que defendemos un modelo que asegure la calidad de los servicios públicos en todo el territorio, sin privilegios para unos pocos», argumentó.

Mañueco exigió un nuevo acuerdo que fuera «justo y negociado entre todos», dejando claro que el problema no radica en perdonar o no una deuda, sino en asegurar un sistema que garantice la igualdad de los ciudadanos en el acceso a servicios básicos. «Lo que está en juego es si queremos un modelo en el que todos los españoles seamos iguales o el modelo de Sánchez, que fomenta los privilegios», enfatizó.

Amenaza de acciones legales

El líder autonómico advirtió que no dudará en recurrir a los tribunales para defender los intereses de su comunidad y del país si considera que el modelo de financiación es injusto. «Haremos lo necesario, como lo hemos hecho en el pasado, para garantizar que se respeten los derechos de Castilla y León y de España», afirmó. Según Mañueco, esta postura responde al compromiso de su gobierno con los ciudadanos y a la necesidad de frenar cualquier acción que favorezca a unos territorios en detrimento de otros.

Falta de avances en sanidad y migración

En cuanto a la sanidad, Mañueco criticó duramente la gestión del Gobierno central, destacando que en seis años y con seis ministros diferentes, no se han logrado avances significativos. «Llevamos años pidiendo soluciones y seguimos sin respuestas. Hoy, una vez más, nos vamos con las manos vacías», lamentó.

Sobre la política migratoria, el presidente autonómico también expresó su frustración por la falta de una estrategia coordinada y planificada. Insistió en la necesidad de diseñar una política migratoria integral que cuente con la colaboración de las comunidades autónomas y que no se base en imposiciones unilaterales. «La política migratoria es una competencia nacional, pero no puede ser utilizada como moneda de cambio en negociaciones con fuerzas separatistas», aseguró.

Reclamos sin respuesta

Mañueco también denunció la ausencia de avances en otros temas prioritarios, como el acceso a la vivienda y la reducción de la burocracia. Según él, el Gobierno central no ha proporcionado soluciones concretas ni ha mostrado voluntad de atender las demandas planteadas por las comunidades autónomas. «Pedimos reformas en el Plan Estatal de Vivienda, mayor seguridad jurídica para los ciudadanos y una reducción de las cargas impositivas, pero todas estas propuestas han sido ignoradas», señaló.

El presidente autonómico concluyó reiterando su descontento con la gestión del Ejecutivo nacional y su compromiso de seguir defendiendo los intereses de Castilla y León, así como los del conjunto de España. «No podemos permitir que se sigan tomando decisiones que favorecen a unos pocos en detrimento de la mayoría. Esto no es lo que merecen los ciudadanos», finalizó.

Con estas declaraciones, Mañueco dejó claro que continuará alzando la voz en defensa de un modelo de financiación justo y de políticas que garanticen la igualdad y el bienestar de todos los españoles, independientemente de la comunidad autónoma en la que residan. La tensión entre el Gobierno central y las comunidades autónomas parece lejos de resolverse, mientras se intensifica el debate sobre cómo abordar las desigualdades en la financiación y la gestión de los servicios públicos.