Marta Esquivel se retiró como directora jurídica de las sesiones de la Junta Directiva

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) enfrenta una etapa compleja, marcada por investigaciones legislativas y judiciales que han puesto en la mira a varios de sus altos funcionarios. Uno de los actores centrales en esta situación es Gilberth Alfaro, director jurídico de la institución, quien recientemente brindó declaraciones ante la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga presuntas irregularidades en la administración de la CCSS.

Durante su comparecencia, Alfaro destacó que la presidenta ejecutiva suspendida, Marta Esquivel, le aseguró que su presencia en las sesiones de la Junta Directiva no era necesaria. Esta decisión, según el funcionario, marcó un antes y un después en la dinámica de este órgano colegiado, y coincidió con una serie de medidas que han sido duramente criticadas, como la suspensión de la cartera de inversión de la institución.

Alfaro señaló que la exclusión de las sesiones no solo afectó la toma de decisiones en temas de inversión, sino que también desencadenó problemas en el funcionamiento regular de la Junta Directiva. Según su testimonio, la ausencia de un criterio jurídico constante provocó que se recurriera a la figura del «funcionario de hecho» para garantizar el quórum en las reuniones. Este mecanismo, que no había sido utilizado previamente por la Junta, consiste en convocar a un funcionario de la institución para que asuma temporalmente las funciones de director.

El director jurídico explicó que, aunque no era su criterio inicial implementar esta figura, la Procuraduría General de la República establece que los órganos colegiados pueden convocarse bajo esta modalidad en casos excepcionales. Además, citó el artículo 11 de la Ley General de Administración Pública, que define a un «funcionario de hecho» como aquel que ejerce un cargo público sin una investidura válida, pero cuya actuación es permitida en situaciones de urgencia para garantizar la continuidad del servicio público.

Uno de los momentos más tensos de la comparecencia se dio cuando la diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro, le consultó sobre la decisión de suspender la cartera de inversión de la CCSS. Según el director jurídico, esta medida se tomó justo después de su exclusión de las sesiones de la Junta Directiva, lo que, para algunos legisladores, plantea dudas sobre la transparencia y el proceso de deliberación detrás de dicha decisión.

Por otro lado, Alfaro también habló sobre la auditoría que se llevó a cabo en los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS), administrados por cuatro cooperativas y una asociación de médicos. Esta revisión surgió como parte de la investigación conocida como «caso Barrenador», liderada por la Fiscalía General de la República. El funcionario reconoció que, antes de adjudicar la gestión de los EBAIS a cooperativas, no se emitió un criterio jurídico básico, lo que pone en entredicho la legalidad y justificación de estas decisiones.

En el marco de la sesión, otros legisladores plantearon preguntas sobre diversos temas relacionados con la administración de la CCSS. Paulina Ramírez, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), expresó su preocupación por el estado del proyecto de construcción del nuevo hospital de Cartago. Alfaro respondió que las autoridades deben evaluar si se reasigna el contrato a otra empresa, además de establecer procedimientos para determinar las responsabilidades de la compañía inicialmente adjudicada.

Luis Diego Vargas, del Partido Liberal Progresista (PLP), cuestionó la derogación de la norma de tercerización, que regula la subcontratación de servicios de salud. Según Vargas, contar con lineamientos claros sobre este tema es fundamental para garantizar buenas prácticas de gobierno corporativo y mejorar la transparencia en los contratos con terceros.

Ante estas preocupaciones, Alfaro señaló que no está claro si la CCSS cuenta con una gestión estructurada para abordar estos temas, lo que dificulta apelar a un criterio sólido en la toma de decisiones. En este contexto, subrayó la necesidad de fortalecer los mecanismos internos de supervisión y planificación para evitar que se repitan situaciones similares en el futuro.

La comparecencia también dejó en evidencia las tensiones internas en la CCSS y las diferencias de criterio entre los funcionarios y los legisladores. Mientras algunos parlamentarios consideran que las medidas adoptadas por la institución carecen de fundamento técnico y jurídico, otros sugieren que la falta de claridad en los procedimientos podría estar relacionada con problemas estructurales más profundos.

Por último, Alfaro destacó que la reciente reunión del Consejo de la CCSS, realizada un sábado de julio, abordó temas de carácter estructural, incluyendo la administración de los EBAIS y la relación con las cooperativas médicas. Según el funcionario, estos debates son cruciales para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la institución, pero requieren una mayor coordinación y transparencia para resolver las dudas que han surgido en torno a su gestión.

La situación actual de la CCSS refleja un panorama complejo, en el que las decisiones administrativas y los cuestionamientos legales han generado un clima de incertidumbre tanto en la institución como en la opinión pública. Las investigaciones en curso, tanto legislativas como judiciales, serán determinantes para esclarecer los hechos y definir las responsabilidades de los involucrados. Mientras tanto, la CCSS enfrenta el desafío de recuperar la confianza de los ciudadanos y garantizar la continuidad de los servicios de salud en medio de esta crisis institucional.