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El ministro de Justicia y Paz de Costa Rica, Gerald Campos, ha iniciado una amplia discusión nacional sobre el uso de la libertad condicional y otros beneficios penitenciarios, cuestionando cómo los jueces de ejecución de penas han otorgado estas medidas en algunos casos. Este tema ha generado controversia al poner en la balanza la reinserción social de los reclusos y las preocupaciones por la seguridad pública.
Campos expresó preocupación por decisiones judiciales que contradicen las recomendaciones del Instituto Nacional de Criminología (INC), una entidad adscrita a la Dirección General de Adaptación Social. Según los datos del Ministerio de Justicia, en los últimos años, 3.421 personas privadas de libertad han solicitado beneficios como la libertad condicional, una cifra que el ministro considera elevada. En la mayoría de estos casos, el INC ha emitido informes desfavorables, recomendando que no se concedan dichos beneficios.
No obstante, en los últimos cinco años, 456 reclusos han sido liberados con el aval de los jueces de ejecución de penas, siguiendo criterios que no siempre coinciden con los del INC. Campos señaló que, aunque no ofreció cifras exactas, un porcentaje significativo de estos beneficiarios terminó reincidiendo en actividades delictivas y siendo nuevamente capturado.
El Poder Judicial, por su parte, defendió el proceso mediante un comunicado, afirmando que las decisiones relacionadas con los beneficios penitenciarios no son automáticas ni arbitrarias, sino que están reguladas por el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley General de Adaptación Social. Estas normativas establecen los requisitos legales y comportamentales que deben cumplir los privados de libertad para acceder a un beneficio, además de otros factores como el tiempo cumplido de la pena y su comportamiento dentro del sistema carcelario.
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, también intervino en el debate, destacando la necesidad de reformar las leyes antes de considerar megaproyectos como la construcción de nuevas cárceles, algo que describió como un paliativo insuficiente frente a la crisis de inseguridad que enfrenta el país. Según Chaves, el problema radica en la falta de medidas efectivas en el sistema penitenciario, lo que dificulta reducir la reincidencia y garantizar la seguridad ciudadana.
Críticas al sistema de beneficios penitenciarios
Diversos sectores han criticado al Poder Judicial, argumentando que el sistema de concesión de beneficios penitenciarios no siempre responde a criterios claros y que, en algunos casos, se percibe como demasiado permisivo. Según los detractores, las decisiones judiciales parecen ignorar el impacto que estas medidas pueden tener en la seguridad pública, particularmente cuando se otorgan a personas condenadas por delitos graves.
El Ministerio de Justicia ha recopilado datos que muestran que los beneficiarios de medidas como la libertad condicional o el régimen de confianza provienen, en su mayoría, de condenas por delitos relacionados con la Ley de Psicotrópicos, delitos contra la propiedad, la vida y delitos sexuales. Desde la perspectiva del ministro Campos, este tipo de crímenes debería excluirse automáticamente de cualquier posibilidad de beneficio penitenciario, dado el riesgo que representan para la sociedad.
Además, el Ministerio señaló que entre las condenas más sensibles están los delitos contra la libertad, los relacionados con la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer, los delitos contra los derechos humanos, la seguridad común, la Ley de Armas y aquellos vinculados con el abuso de funciones públicas. La frustración de la ciudadanía respecto a la reincidencia de algunos delincuentes ha sido particularmente notoria, especialmente cuando los esfuerzos policiales no parecen traducirse en resultados duraderos.
«Es comprensible que muchas personas se sientan frustradas cuando los esfuerzos policiales parecen no tener resultados sostenibles», afirmó Campos. «El trabajo de la policía en capturar y custodiar a quienes infringen la ley refleja su compromiso con la protección de la ciudadanía».
La perspectiva del Poder Judicial
En defensa del sistema actual, la Corte Suprema de Justicia subrayó que los beneficios penitenciarios no son privilegios, sino herramientas jurídicas diseñadas para facilitar la reinserción social de las personas privadas de libertad. Según explicaron, estas medidas buscan equilibrar el cumplimiento de las penas con los objetivos de la política penitenciaria costarricense, que incluyen la rehabilitación, la reintegración social y la prevención de la reincidencia.
Los jueces de ejecución de penas toman en cuenta múltiples factores antes de conceder un beneficio. Además del tiempo que el recluso ha pasado en prisión, evalúan su comportamiento durante el encarcelamiento, sus condiciones personales, familiares y sociales, así como las recomendaciones del INC. Este último proporciona informes técnicos que, aunque no son vinculantes, sirven como una de las principales referencias en el proceso de decisión.
La Corte también destacó que los sistemas democráticos, como el costarricense, buscan equilibrar los derechos individuales de las personas privadas de libertad con las necesidades de seguridad de la sociedad. En este sentido, los jueces insisten en que la concesión de beneficios no puede basarse en criterios automáticos o en presiones externas, sino que debe seguir un análisis detallado de cada caso.
¿Reforma o ajuste?
El debate sobre los beneficios penitenciarios en Costa Rica no es nuevo, pero ha cobrado mayor relevancia en el contexto de la creciente preocupación por la inseguridad ciudadana. Mientras el Ministerio de Justicia aboga por reformas legales que limiten el acceso a estos beneficios para ciertos delitos graves, el Poder Judicial insiste en que el sistema actual está diseñado para garantizar un equilibrio entre justicia y rehabilitación.
Por otro lado, los críticos argumentan que es necesario un enfoque más integral que combine reformas legales con inversiones en prevención del delito, programas de rehabilitación efectivos y mejoras en la infraestructura penitenciaria. Como señaló el presidente Rodrigo Chaves, la construcción de nuevas cárceles, aunque necesaria, no resolverá por sí sola los problemas estructurales del sistema penitenciario.
Al final, el desafío radica en encontrar un equilibrio entre la necesidad de garantizar la seguridad pública y el respeto por los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Para lograrlo, será fundamental fomentar un diálogo inclusivo entre los diferentes actores involucrados, desde el Poder Ejecutivo y el Judicial hasta la sociedad civil, con el objetivo de construir un sistema penitenciario más justo, eficiente y seguro.
El debate sobre los beneficios penitenciarios no solo pone de manifiesto las tensiones entre justicia y rehabilitación, sino que también refleja las complejidades de abordar uno de los problemas más urgentes que enfrenta Costa Rica: garantizar la seguridad ciudadana mientras se promueve una sociedad más equitativa y respetuosa de los derechos humanos.
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