La Corte Constitucional de Ecuador declara factible una reforma para eliminar el fondo estatal para partidos

La Corte Constitucional de Ecuador ha avalado la propuesta del presidente Daniel Noboa para eliminar el financiamiento público destinado a las organizaciones políticas y a la propaganda electoral a través de una reforma parcial de la Constitución. Esta decisión, notificada oficialmente el miércoles, marca un paso significativo en la agenda política del mandatario, aunque no tendrá efecto en las elecciones presidenciales de febrero de 2025, en las cuales Noboa buscará un nuevo mandato.

La resolución, aprobada por mayoría en el tribunal, establece que la propuesta del gobierno no infringe los procedimientos de reforma constitucional ni restringe derechos o garantías fundamentales. Según el dictamen, la iniciativa del ejecutivo «respeta los límites establecidos para el proceso de reforma parcial» que deberá ser debatido y aprobado por la Asamblea Nacional.

El presidente presentó formalmente esta propuesta en septiembre, solicitando modificar los artículos 110 y 115 de la Constitución. Estas disposiciones actualmente garantizan que los partidos políticos reciban fondos estatales y que el Estado financie la promoción de propuestas electorales de manera equitativa en los medios de comunicación.

Un proceso legislativo y referéndum como próximos pasos

Con el visto bueno de la Corte Constitucional, el gobierno anunció que enviará el proyecto de reforma «de inmediato» a la Asamblea Nacional. En un comunicado emitido por el ministro de Gobierno, se instó al Legislativo a tramitar la propuesta con la urgencia que el caso amerita. Según el ejecutivo, el principal objetivo de la reforma es «prevenir el mal uso de los recursos públicos» y garantizar una mayor transparencia en el proceso electoral.

Una vez en la Asamblea, el proyecto deberá pasar por dos debates en el Pleno, con un intervalo mínimo de 90 días entre ambos. Para ser aprobado, necesitará el respaldo de al menos 92 legisladores de un total de 137. Posteriormente, la reforma será sometida a un referéndum nacional, que se celebrará 45 días después de su aprobación en el Parlamento.

Sin embargo, debido a los plazos establecidos, la implementación de esta reforma no será posible para las elecciones generales de 2025. Si el proyecto supera todos los pasos legislativos y el referéndum, su aplicación se postergará hasta los comicios presidenciales de 2029.

Qué proponen los cambios constitucionales

La Constitución vigente desde 2008 estipula en su artículo 110 que los partidos políticos recibirán financiamiento estatal sujeto a controles. Asimismo, el artículo 115 establece que el Estado garantizará, mediante los medios de comunicación, una promoción electoral equitativa para todas las candidaturas, con el propósito de fomentar el debate y la difusión de propuestas programáticas.

Actualmente, el financiamiento público destinado a propaganda electoral no pasa directamente por los partidos políticos. En su lugar, el Consejo Nacional Electoral (CNE) transfiere los recursos directamente a los medios de comunicación que emiten los anuncios de los candidatos, asegurando que el dinero no sea manejado por las organizaciones políticas. Para acceder a estos fondos, los partidos deben cumplir una serie de requisitos legales, como contar con un número mínimo de afiliados, mantener representación en todo el país o alcanzar al menos el 4% de los votos en dos elecciones consecutivas.

El proyecto de Noboa plantea eliminar este sistema de financiamiento público tanto para los partidos políticos como para la propaganda electoral, argumentando que estos recursos podrían ser utilizados de manera más eficiente en otras áreas prioritarias para el país. Según el mandatario, esta medida busca garantizar un manejo más transparente de los recursos públicos y evitar posibles abusos por parte de los actores políticos.

Un contexto político marcado por tensiones y desafíos

Daniel Noboa, un empresario y político de 36 años, llegó a la presidencia en 2023 tras vencer en unas elecciones extraordinarias convocadas luego de que su predecesor, Guillermo Lasso, disolviera la Asamblea Nacional en medio de una crisis política. Ahora, Noboa busca consolidar su liderazgo en los comicios regulares de 2025, en los que competirá contra otros 15 candidatos por un período presidencial completo de cuatro años.

El financiamiento estatal de las campañas electorales ha sido un tema recurrente en el debate político ecuatoriano. Para las elecciones de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha asignado un total de 13,76 millones de dólares para la propaganda de los candidatos presidenciales y sus fórmulas vicepresidenciales. Este monto representa una parte importante del presupuesto electoral del país, y su eliminación podría transformar significativamente la forma en que se desarrollan las campañas en el futuro.

El impacto de la reforma en el panorama político

La propuesta de Noboa, aunque polémica, refleja una intención de reducir el gasto público en el financiamiento de la política electoral, un tema que genera opiniones divididas tanto en el ámbito político como en la ciudadanía. Por un lado, los defensores de la reforma argumentan que el sistema actual puede ser susceptible de abusos y que los recursos podrían destinarse a necesidades más urgentes del país. Por otro lado, los críticos advierten que la eliminación del financiamiento estatal podría beneficiar a candidatos con mayores recursos privados, dificultando la participación de fuerzas políticas más pequeñas o independientes.

Además, la reforma plantea interrogantes sobre cómo se garantizará la equidad en las campañas electorales sin el financiamiento público. Actualmente, el sistema busca nivelar las condiciones para que todas las candidaturas puedan difundir sus propuestas, independientemente de su capacidad económica. Sin este mecanismo, algunos temen que las elecciones puedan volverse menos inclusivas y más influenciadas por los recursos privados.

Un desafío para la Asamblea Nacional y la ciudadanía

La aprobación de esta reforma dependerá en gran medida de la capacidad del gobierno para construir consensos en la Asamblea Nacional, donde necesitará el apoyo de una mayoría calificada para avanzar en el proceso. Además, el referéndum será un momento clave para medir el respaldo ciudadano a esta iniciativa, que podría marcar un cambio importante en la política electoral del país.

Mientras tanto, el presidente Noboa enfrenta el desafío de mantener su agenda política mientras compite por la reelección en un escenario electoral competitivo. Con 15 aspirantes en la contienda, el mandatario tendrá que demostrar su capacidad para liderar el país en un contexto de alta fragmentación política y crecientes demandas sociales.

En definitiva, la propuesta de eliminar el financiamiento estatal a partidos políticos y propaganda electoral representa un intento ambicioso de reformar el sistema político ecuatoriano. Sin embargo, su éxito dependerá no solo de los procesos legislativos y electorales, sino también del apoyo que logre generar entre los ciudadanos, quienes tendrán la última palabra en el referéndum para decidir el futuro de esta iniciativa.